COLIMA, Col. (apro).- Por haber utilizado un crédito para un fin distinto al autorizado por el Congreso local, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez enfrenta la posibilidad de ser sometido a juicio político por parte de la Legislatura local.

Al rendir su informe de resultados de la auditoría correspondiente a 2018, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) determinó que el gobierno estatal dio otro destino a 200 millones de pesos prestados por Banobras, luego de que los diputados aprobaron el crédito, el año pasado.

Según el Decreto 617, publicado el 28 de septiembre de 2018 en el Periódico Oficial del estado de Colima, el Ejecutivo recibió la autorización para contratar un crédito por un total de 410 millones de pesos, de los que 150 millones serían para la construcción del C5, 60 millones para la construcción de la Unidad de Cuidados Neonatales en Manzanillo y 200 millones para “la adquisición de tierras, terrenos y/o predios urbanos para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en el municipio de Colima”.

En la observación F32/FS/18/20, el Osafig concluyó que, en el caso de los 200 millones de pesos, no fueron utilizados para el fin que se aprobaron, y al hacérselo notar al Ejecutivo éste adujo que lo usó para recuperar los recursos económicos que había entregado previamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a cambio de las antiguas instalaciones de la XX Zona Militar, y se realizaron los pagos correspondientes al mes de diciembre.

El órgano fiscalizador señaló que el gobierno del estado no acreditó documentalmente que esos recursos se hubiesen utilizado en la inversión pública productiva para el que fueron autorizados por el Poder Legislativo.

El Osafig refirió que en su respuesta el Ejecutivo estatal se limitó a realizar argumentaciones y descalificaciones sobre lo observado, pero “en ningún momento señala el fundamento legal que expresamente lo faculte a dar otro destino diferente al autorizado a los recursos económicos provenientes del crédito contratado con Banobras”.

Por lo anterior, el gobierno estatal “no pudo solventar lo observado” y violentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y la Ley de Disciplina Financiera, concluyó el Osafig.

Con base en este informe de resultados, el diputado panista Francisco Rodríguez García anunció que una vez que se califiquen las cuentas públicas, en noviembre próximo, interpondrá una demanda de juicio político contra José Ignacio Peralta.

Consideró que el mandatario cometió “una falta grave” al haberle mentido al Congreso para conseguir autorización para un endeudamiento y utilizar los recursos en algo que no correspondía a lo establecido en el decreto 617.

“El mismo Osafig señala lo que nosotros hemos venido diciendo, que el gobernador mintió, que violó la Constitución y la ley y merece ser sujeto a un juicio político”, soltó.

Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Vladimir Parra Barragán, comentó que si se justifica legalmente su bancada respaldará la demanda de juicio político, pero la decisión se tomará cuando concluya la revisión de los informes de fiscalización.

A su vez, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colima, Mario García Solórzano, señaló que, ante la violación del contrato de crédito otorgado al gobierno estatal, Banobras debe exigir al gobierno estatal el pago inmediato de los recursos.

Consideró que la situación es muy clara, pues cuando una entidad de cualquiera de los tres niveles de gobierno solicita un crédito a Banobras, éste establece las condiciones en el contrato, donde los recursos van etiquetados para un propósito y no se les puede dar otro uso.

Sin embargo, indicó, cuando el dinero se usa para un fin distinto, como en este caso, la única entidad que puede hacer una reclamación es Banobras, que debería iniciar un procedimiento para que le pague el crédito de inmediato, porque se violó una cláusula del contrato.

con información de PROCESO