Entre las concesiones de último momento que los negociadores de Estados Unidos y Canadá arrancaron a sus contrapartes mexicanos sí están las inspecciones a empresas en México para verificar si cumplen con la nueva ley laboral, sólo que, en lugar de estar a cargo de enviados del gobierno estadounidense, como pretendían algunos legisladores demócratas, las inspecciones la harán expertos de los dos países designados por un panel de solución de controversias con candados más eficaces que los implantados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En el TLCAN, el mecanismo de solución de controversias tenía el problema de que el país menos interesado en resolver el conflicto podía no designar panelistas y así detener la investigación, pero eso ya no ocurrirá con el T-MEC, porque se incluye un nuevo protocolo que impide a los países negarse a la designación, dice Jaime Zabludovsky, vicepresidente de IQOM, consultora especializada en comercio internacional y asesora en las negociaciones del T-MEC.

La aceptación de México de estas inspecciones, y de mayores exigencias en la regla de origen del acero, hizo que el camino hacia la ratificación del nuevo acuerdo comercial se despejara casi sorpresivamente ayer martes, después de que Nancy Pelosi, la líder de los demócratas que constituyen mayoría en el Congreso de Estados Unidos, afirmara ayer que con las modificaciones hechas por su fracción parlamentaria se llegaba a un USMCA (o T-MEC) infinitamente mejor que el negociado por la administración de Donald Trump.

Pelosi se adelantó así al anuncio de la firma de cambios al acuerdo hecho horas después en Palacio Nacional, en presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, el representante comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer y la viceprimer ministra de Canadá Chrystia Freeland. “Hemos encontrado la manera de entendernos (…) Misión cumplida”, dijo Ebrard.

Funcionarios mexicanos y el propio presidente López Obrador habían rechazado la posibilidad de aceptar inspecciones laborales, pero en las negociaciones a puerta cerrada el pasado fin de semana el gobierno aceptó que inspectores designados por un panel de solución de controversias verifiquen en las propias plantas fabriles que se respetan a los trabajadores sus derechos de asociación sindical y contratación colectiva.

México también había rechazado que aceptaría cambios al régimen comercial del acero en la región, sin embargo, en las negociaciones de los últimos días se adicionó que la regla de origen de 70 por ciento se aplique desde la fundición del metal, con 7 años de plazo para su implementación, señala Zabludovsky.

Se estima que los efectos de esta reducción serán diferenciados para la industria acerera que opera en México. Compañías que traen la materia prima de China para hacer sus placas tendrán que desarrollar proveeduría local, y en el caso de Ternium, que se abastece de Brasil, podría implicarle hacer inversiones y reconvertir su producción en el país para poder conservar sus clientes, sobre todo en la industria automotriz, señalan fuentes del sector. En contrapartida, compañías como la mexicana AHMSA o la india Mittal tendrían ventajas competitivas pues su abasto de materia prima es local.

Esta regla más estricta obligará a las acereras que operan en México a hacer inversiones fuertes, si quieren que sus productos entren libres de aranceles a Estados Unidos, a menos que acepten pagar un arancel de 2.5 por ciento, dice Zabludovsky.

Las modificaciones al T-MEC original, firmado el 30 de noviembre del año pasado en Argentina por el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, el Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau y el mandatario estadounidense Donald Trump, se produjeron el fin de semana pasado, cuando los negociadores de los tres países sesionaron a puerta cerrada.

Después del viernes 6 de diciembre, los únicos al tanto de las conversaciones eran los negociadores de los tres países, por lo que fue hasta el día de ayer martes 10 que los representantes empresariales conocieron el contenido de los acuerdos complementarios negociados, de los cuales el más sensible es el tema laboral, señala Javier Treviño, director de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial.

Se incorporó un mecanismo de carácter bilateral llamado de revisión rápida, que se activa cuando un país, que sospecha que en una planta del país socio no se respetan los derechos laborales, pide una investigación, señala Zabludovsky. Si se verifica el incumplimiento, el país señalado tiene un plazo para hacer que la empresa cumpla con ley, y si no lo hace se puede pedir que se establezca el panel de solución de controversias para que resuelva si hay o no incumplimiento de la ley laboral. “Si resulta culpable, vendría una sanción”, señala Zabludovsky.

Las adiciones al T-MEC incluyen cambios en la protección de datos personales en el caso de los medicamentos biotecnológicos y algunas modificaciones ambientales, pero lo relevante está en el plano laboral, dice Moisés Kalach, representante de los empresarios en las negociaciones.