La titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, Indira Isabel García Pérez, entregó este viernes al Congreso del Estado el informe de resultados de auditorías 2018 practicadas por el Osafig a los 29 entes públicos, que arrojaron un total de 2,362 expedientes.

Indira García Pérez dijo que esta cuenta pública es un esfuerzo de distintos profesionales del Osafig para evaluar y fiscalizar a los 29 entes: diez ayuntamientos, nueve organismos operadores de agua, los tres poderes y siete organismos autónomos a través de 5 auditorías: financiera, de obras públicas, de desarrollo urbano, desempeño y control interno, fundamentado en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Agregó que estos 29 informes se harán públicos en la página de Osafig en internet, en estricto apego a la normatividad, respetando la protección de datos personales de servidores públicos y dijo que se detectaron hallazgos a los que se dará puntual seguimiento, para turnarse al Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción y los Órganos Internos de Control.

Al dar a conocer las cifras, dijo que se realizaron 29 auditorías en las que se tuvieron 3 mil 220 hallazgos, de las que 547 fueron solventados. En cuanto a las recomendaciones, hay 311 atendidas y 223 no atendidas.

Así fue el desglose (indicando dentro del paréntesis primero el resultado de hallazgos y enseguida el número de recomendaciones):

En los diez ayuntamientos los números son los siguientes: Armería (65/11), Colima (79/1), Comala (69/3), Cuauhtémoc (78/7), Coquimatlán (89/16), Tecomán (213/13), Ixtlahuacán (100/18), Minatitlán (60/22), Manzanillo (203/5) y Villa de Álvarez (107/6).

En los organismos operadores de agua en los municipios: Armería (36/32), Comala (20/8), Cuauhtémoc (26/8), Tecomán (77/3), Ixtlahuacán (30/7), Minatitlán (31/10) y Manzanillo (100/12). Sólo faltó reportar el organismo operador del municipio de Coquimatlán.

Indira García dijo que esto arroja un total de 2362 expedientes, que en relación al año anterior subió la meta un 40 por ciento y tras la entrega de la cuentas públicas 2018, sigue el área de investigación para determinar si son graves o no y si eventualmente caen en hechos de corrupción.