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Cancelar el NAIM en Texcoco frenaría ‘en seco’ la inversión foránea

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco frenaría en seco el momentum de México en materia de Inversión Extranjera Directa (IED), la cual se estima que superará los 200 mil millones de dólares en este sexenio, de acuerdo con analistas.

“Va a ser mucho más difícil llegar a esa cifra si mandan esta señal de arranque (la cancelación del aeropuerto). Lo contrario es también cierto, si mandan una señal de certidumbre muy probablemente se alcance y se rebase. Es parte estratégica en función de ver hacia el futuro”, dijo Juan Francisco Torres, socio del despacho Hogan Lovells.

Para Alejandro Gómez, exsubsecretario de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales, de la Secretaría de Economía, el cancelar el aeropuerto enviaría una señal muy errónea a todas las personas que ven a México como un centro atractivo para apostar su capital.

Lo que busca la IED a nivel mundial es la certeza, entonces, tomando esto como ejemplo, si ya se vivió un procedimiento de concurso en donde hubo observadores de la sociedad civil, se cumplió con la regulación ambiental, se cumplió con los análisis necesarios para determinar la idoneidad de la obra, y después con el cambio de administración se toma el eventual resultado de una toma de opinión informal para validar o no su permanencia, es una obra sin duda muy en contra de la certeza que puede tener esta o cualquier otra inversión futura en la administración que inicie”, señaló Gómez.

Dependiendo del resultado de la consulta, el gobierno de transición encabezado por Andrés Manuel López Obrador podría o no cancelar el proyecto del aeropuerto en Texcoco, ampliar la base aérea de Santa Lucía y reacondicionar el Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM) y el aeropuerto de Toluca.

Cancelar la construcción del nuevo aeropuerto, según Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), significarían pérdidas de 120 mil millones de pesos, aproximadamente, cifra de la que una tercera parte provendría de penalizaciones por incumplir los contratos adjudicados.

Con información de El Financiero.