La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, reprueba las agresiones que sufrieron la reportera de Televisión Azteca Fátima Natalí Vázquez Garay y su camarógrafo Jonathan López Corona, así como los actos de hostigamiento que se denuncia soportaron la corresponsal de Televisa, Bertha Reynoso y el reportero Luis Alberto Rosales de la Mora, del portal de noticias Contexto Colima, por activistas que se encontraban en el acto de liberación de la caseta de peaje de Cuyutlán en el municipio de Armería, Colima.

El Estado de Derecho que emana de nuestra Constitución Federal y los estándares internacionales, establece la existencia de condiciones para que el ejercicio de nuestros derechos sea legítimo y no degenere en el atropello de los derechos de otros.

Los derechos de asociación y manifestación para ejercerse dentro del marco constitucional requieren realizarse pacíficamente, sin atacar a la moral, la vida privada o los derechos de terceros; tampoco ampara nuestra carta magna a quien provoque algún delito, o perturbe el orden público, en pretexto de su ejercicio.

Coincidimos con la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico en que el trabajo de los periodistas no debe condicionarse, ni limitarse por nadie, mediante censura previa; y que la responsabilidad del medio de comunicación está sujeta al escrutinio de la verdad, la imparcialidad, y la objetividad por parte de la sociedad.

Nuestra Carta magna prescribe que “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.” Lo cual es una garantía para el ejercicio periodístico.
Pero también para la ciudadanía en general de acceder a los distintos puntos de vista para consolidar su opinión sin prejuicios ni atavismos, para lo cual es ineludible el respeto al derecho a disentir; debiéndose investigar las razones por las cuales están inhibidas las telecomunicaciones en la zona más próxima a la aludida caseta de peaje.

Nos sumamos al exhorto a las autoridades estatales y federales para que se investigue y sancione la agresión que sufrieron los comunicadores, y a los tres órdenes de gobierno para que se brinde seguridad sin excepción a todos los periodistas a efecto de que puedan ejercer sin ningún tipo de limitación su profesión y los derechos de acceso a la información y libertad de expresión.