Los más de 5 mil elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República (PGR) desplegados en equipos especiales en seis ciudades del país van en un operativo contra la impunidad en el que se “depurarán” las 22 mil órdenes de aprehensión federales pendientes de cumplimentar, afirmó el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.

“Es un operativo contra la impunidad. Si algo nos hizo daño es no cerrar estas cadenas de impunidad. Alguien decía que la impunidad es la peor forma de la injusticia, y la forma de enfrentarla es justamente cumplimentar mandatos judiciales”, indicó el funcionario.

Explicó que se trata de acciones no solamente disuasivas, sino de investigación, porque se trata de ir por objetivos precisos.

Anunció en entrevista con EL UNIVERSAL que agentes de las siete divisiones y de la Policía Federal Ministerial de la PGR se trasladaron en una primera etapa a Los Cabos, Cancún, Ciudad Juárez, Colima, Tecomán y Manzanillo para investigar y capturar a los generadores de violencia en esas zonas, entre ellos los objetivos prioritarios locales y federales.

“Van con órdenes de aprehensión en la mano a investigar y capturar a quienes han generado homicidios y delitos contra la salud, incluidos objetivos prioritarios”, advirtió.

En Manzanillo y Tecomán, refirió, aumentaron los asesinatos por la pugna entre bandas del crimen organizado, principalmente en el puerto, a donde llegan los precursores químicos de Asia para elaborar drogas sintéticas.

“Hay que decirlo porque por el puerto de Manzanillo arriban precursores químicos que se utilizan para la producción del fentanilo, un opioide altamente demandado en Estados Unidos. Eso ha generado que el punto de arribo se convierta en un espacio de disputa en el mercado salvaje, que es el mercado de las drogas, un mercado en que los incumplimientos contractuales se dirimen a balazos”, dijo.

Adelantó que los grupos especiales también serán enviados a algunos municipios de Jalisco con altos índices delictivos.

A pregunta expresa, el funcionario rechazó que se trate de una cacería de criminales y explicó que sólo es una acción operativa para cumplir mandatos judiciales contra los principales objetivos generadores de violencia tanto del fuero federal como del común, en apoyo con los estados, la PGR, Cisen y las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.

El titular de la CNS afirmó que los resultados de las acciones se darán a conocer cada semana y con base en ellos determinarán el despliegue en otras entidades.

Dijo que el operativo pretende ser integral, ya que suma a las siete divisiones de la Policía Federal, lo que lo diferencia de otras estrategias implementadas contra la inseguridad.

“Estamos aportando un dato que es fundamental, que es la depuración de los mandamientos judiciales, para distribuirlos entre fuerzas conjuntas; no sólo las procuradurías, como se solía hacer, sino las policías. Eso es también un cambio de estrategia”, subrayó.

Apuntó que “estos son operativos no solamente presenciales, no solamente disuasorios, son operativos de investigación. Se trata de ir por objetivos precisos”.

Aunque actúa fundamentalmente la Policía Federal, Sales Heredia reconoció que no dejarán de recibir apoyo de inteligencia de la PGR, Ejército, Marina y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Confió en que con esta estrategia disminuyan los índices delictivos en Los Cabos, Cancún, Ciudad Juárez, Manzanillo, Tecomán y Colima, aunque no quiso dar un estimado de en cuánto podría reducirse.

Por la mañana, Sales Heredia comentó que a la comisión le preocupa la salida de cerca de 3 mil reos de las cárceles del país que cumplirán en los próximos seis meses sentencias por delitos por robo en todas sus modalidades, excepto vehículo o autopartes; delitos sexuales, contra la salud, homicidio, portación de arma de uso del Ejército, lesiones y secuestro, como informó El Gran Diario de México.

“La verdad, nos preocupa y también nos preocupa la presencia cada vez mayor de armas de fuego, cada vez hay más en las calles y hemos insistido en que es necesario revisar nuestra política de armas. Pasamos sin querer de una política restrictiva a una política permisiva”, sostuvo.

Dijo que serían aquellos que, con base en el quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, están siendo procesados o sentenciados por delitos que en este momento ya no son graves, por faltas que no ameritan prisión preventiva oficiosa conforme al nuevo Sistema de Justicia Penal.

“El robo en transporte público sin violencia, por ejemplo, en la Ciudad de México antes ameritaba prisión preventiva”, puntualizó.

con información de El Universal